A MODO DE PRESENTACION

Ya esta. El sueño se cumplió. Dejare de escribir en las paredes, ahora tengo mi pagina propia. Soy un periodista de alma, que desde hace 40 años vive y se alimenta de noticias. Tenia 18 años cuando me recibieron en El Liberal de Santiago del Estero, el doctor Julio Cesar Castiglione, aquien le debo mucho de lo que soy me mando a estudiar dactilografia. Ahí estaba yo dando mis primeros pasos en periodismo al lado de grandes maestros como Noriega, Jimenez, Sayago. Gracias a El Liberal conocí el mundo. Viaje varias veces a Europa, Estados Unidos, la lejana Sudafrica y América del Sur, cubriendo las carreras del "Lole" Reutemann en la Formula 1. Después mi derrotero continuo en Capital Federal hasta recalar para siempre en Mar del Plata, donde nacieron tres de mis cinco hijos y conocí a Liliana, el gran amor de mi vida. Aquí fui Jefe de Redacción del diario El Atlántico y tuve el honor de trabajar junto a un enorme periodista, Oscar Gastiarena. De el aprendí mucho. Coqui sacaba noticias hasta de los edictos judiciales. Bueno a grandes rasgos ese soy yo. Que es Mileniomdq, una pagina en la web en donde encontraras de todo. Recuerdos, anedoctas, comentarios. Seré voz y oídos de mis amigos. Ante un hecho de injusticia muchas veces quisistes ser presidente para ir en persona al lugar y solucionar los temas. Eso tratare de ser yo. Una especie de justiciero ante las injusticias, valga el juego de palabra. No faltaran mis vivencias sobre mi pago, Visiten el lugar, estoy seguro que les gustara. Detrás de mis comentarios idiotas se esconde un gran ingenio.

domingo, 18 de febrero de 2018

AHORA LE DICEN EL RIKY FORT SANTIAGUEÑO




RAMIRO PETROS DE “PILLA MONEDAS” CON LALO ZANI CUANDO ESTABA EN DEPORTES A  EMPRESARIO MILLONARIO DE LA NOCHE

El empresario y ex funcionario santiagueño acusado de golpear a su novia, quien filmó el ataque con un celular, se entregó ayer en los Tribunales de Santiago del Estero. 

Se trata de Ramiro Petros, alias Lechu, de 40 años, al que el juez de Control y Garantías Fernando Paradelo le rechazó un pedido de hábeas corpus y eximición de prisión, presentada por el abogado defensor Miguel Torres. 

Petros, que trabaja administrando boliches bailables y se desempeñó como funcionario en el área de Deportes de la provincia, fue denunciado el fin de semana pasado por su pareja, la modelo Luciana Santillán, de 23 años, por agresiones físicas en un barrio privado de la capital santiagueña.

Según un informe entregado a la Justicia por Sanidad Policial, la modelo presenta “lesiones curables en siete días”. La orden de detención surgió por pedido de la fiscal de turno, Lorena Nieva, tras interpretar que existe “peligro de fuga” del agresor. 

Tras la resolución judicial, dictada en las primeras horas de hoy, la policía santiagueña había realizado distintos allanamientos con resultados negativos, hasta que Petros se entregó a la justicia acompañado por su abogado.

Fuente:Santiago Tierra Politica

sábado, 17 de febrero de 2018

EL PARQUE DE LOS PENES



A unos 60 kilómetros del Parque Olímpico de PyeongchangCorea del Sur, existe otro parque donde los ídolos no tienen nada que ver con los de los Juegos de Invierno: bienvenidos al "Penis Park", lugar de veneración dedicado al órgano sexual masculino.
En el parque hay unos 50 penes gigantes, esculpidos en diferentes materiales. Aunque las bajas temperaturas, como en Pyeongchang, no invitan a pasear por el lugar, no son pocos los que aprovechan algún intermedio entre deporte y deporte y deciden hacer una visita.
Cuenta la leyenda
"Una leyenda cuenta que un día una mujer quedó sola por un rato junto a una roca cerca del mar. Pero al parecer, murió ahogada por una tormenta. Y su novio nunca pudo encontrarla. Después de este episodio, el pueblo de pescadores vecino fue incapaz de pescar. Ya no había peces", cuenta Seyoen Park, una de las guías del Penis Park.
"La maldición terminó cuando un hombre, que había estado de fiesta y que estuvo pasándola muy bien en el mar, pudo pescar nuevamente. Los habitantes entendieron que la joven mujer había muerto antes de haber conocido los placeres carnales y que deseaba ver el sexo masculino. Por ello decidieron construir enormes esculturas de penes para satisfacerla", añade.
El Penis Park forma parte de un complejo más amplio, llamado Haesindang Park, que abrió en julio de 2002, mucho tiempo después de esa leyenda: la fecha de los sucesos relatados no se conoce exactamente pero que tendría más de 500 años, según los habitantes de Samcheok, el pueblo de pescadores.. Allí se encuentra el mayor Museo Marítimo de Corea del Sur, que expone distintos objetos del folclore local y que cuenta con un jardín botánico.
Buena vibra
Más allá del éxito turístico, en la población local existe la creencia de que esas estatuas tienen virtudes benéficas.
"El pueblo es rico. Es por eso que la gente sigue creyendo en ello y hacemos un festival en el pueblo" para celebrar estas estatuas, cada dos años, cuenta Seyoen Park.
Los niños tienen permiso para acudir a este parque a pesar de sus connotaciones sexuales. "Las familias son aceptadas, pero en algunas zonas, los chicos no están autorizados a ingresar", puntualiza la guía.
Durante el festival, los participantes pueden aprender a esculpir falos o participar en el "estudio del patrimonio cultural coreano de este pueblo de pescadores".
El parque también es visitado frecuentemente por parejas que desean tener un bebé, como un lugar de culto dedicado a la fertilidad.
"También hay personas mayores que vienen porque esperan tener un nieto. Vienen aquí y rezan al cielo para que se lo dé", añade la guía.
AFP

viernes, 16 de febrero de 2018

EL CASO CHOCOBAR


Por Julio Blanck
El Gobierno está dispuesto a sostener la discusión pública sobre el caso Chocobar, el policía que mató al delincuente que minutos antes había apuñalado a un turista para robarle la cámara fotográfica. La cuestión se tramita en la Justicia. Pero, en términos políticos, se trata de un episodio clave del debate ideológicoacerca del papel y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en democracia.
Convencido de tener apoyo mayoritario en la sociedad para este debate, el presidente Mauricio Macri alentó a los funcionarios involucrados para que sostengan el argumento de que el Gobierno está decidido a “defender a los que nos defienden”. Apunta a respaldar, dentro del límite que marca la ley, a las fuerzas de seguridad en su acción contra el delito. Y enfrentar a quienes propician una visión angélica de los delincuentes, considerándolos sólo como víctimas sociales.
También en este territorio hay una grieta profunda, tanto o más que la puramente política, porque se construye sobre el límite de la vida y la muerte.
Macri había recibido y felicitado calurosamente a Chocobar, de la policía local de Avellaneda, quien acudió a la cita junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Fue al día siguiente que un juez lo procesara y embargara en 400.000 pesos, acusándolo de“exceso de legítima defensa”.
Esa actitud del Presidente provocó el efecto buscado: una encendida polémica pública acerca de la confusión intencionada entre víctimas y victimarios, sobre la aplicación de la ley y la doctrina de mano dura, sobre el gatillo fácil y el garantismo extremo que se vuelve condescendencia cómplice con los delincuentes. La discusión permanece y se extiende, mientras la Justicia sigue su propio calendario.
La Cámara del Crimen porteña tiene plazo hasta el martes para decidir si confirma o no el procesamiento a Chocobar, quien disparó y mató a Pablo Kukoc, de 18 años, quien huía luego de que junto a un cómplice diera 10 puñaladas al turista norteamericano Joe Wolek para robarle.
El fiscal general Ricardo Sáenz y el abogado defensor Rubén Melazo pidieron el sobreseimiento de Chocobar, rechazando los argumentos del juez Enrique Velázquez.
La sala de la Cámara que discute el caso está integrada por Mariano González Palazzo, Julio Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich. En los tribunales aseguran que si hubiese que guiarse por la postura política de los camaristas, por su cercanía o distancia con el Gobierno, hoy habría un voto a favor de Chocobar, otro en contra y un tercero que debería desequilibrar entre esas posiciones.
Si se confirman el procesamiento, el caso Chocobar llegará en tiempo récord a juicio oral. Fuentes judiciales estiman que quizás la Cámara tome un camino intermedio, sin avanzar ahora en una definición y ordenando nuevas medidas de prueba, entre ellas la reconstrucción del hecho.
Entre tanto, la polémica política se alimentó desde el comienzo con la postura de la ministra Bullrich, que habló de un “cambio de doctrina”. Propuso modificar la idea de que las fuerzas de seguridad sean consideradas “culpables a la hora de un enfrentamiento” con delincuentes. Sostuvo, en perfecta línea con el pensamiento de Macri, que eso paraliza a las fuerzas y desprotege a los ciudadanos. Y reclamó cambios en el Código Penal.
Desde el kirchnerismo, aludido en las críticas de Bullrich, replicaron algunas voces aisladas, nunca las de sus principales dirigentes. Por ese sector la respuesta más fuerte llegó en un comunicado del CELS, el organismo que lidera Horacio Verbitsky. Alertó sobre la “falsa alternativa entre garantismo y ejecuciones policiales” y afirmó que el Gobierno despliega un “ejercicio de demagogia punitiva”, apoyado en la intensa demanda social contra la inseguridad.
El senador Pino Solanas denunció a Macri y a Bullrich por apología del delito, por haber “justificado el accionar de un imputado penalmente” al respaldar a Chocobar Maria del Carmen Verdú, referente de Correpi, entidad reconocida por su denuncia de la violencia policial, y reciente candidata en el Frente de Izquierda, dijo que el caso Chocobar “instaló la pena de muerte en Argentina”.
La dirigencia peronista, en cambio, mayoritariamente mantuvo silencio público. Conociendo la matriz ideológica y la praxis del justicialismo en el poder, pudo entenderse como una aprobación tácita al Gobierno por respaldar a las fuerzas de seguridad.
Un referente peronista, que colocó a la seguridad como un eje central de su acción política, dijo que el Gobierno había hecho lo correcto al apoyar a las fuerzas policiales, pero que fue desafortunada la “sobreactuación de Macri” recibiendo a Chocobar. Lo resumió así; “buena idea, con un mal ejemplo”.
El fiscal Sáenz, que pidió el sobreseimiento de Chocobar, opinó que el conflicto central es “exigirle al policía que reprima el delito y proteja a los ciudadanos, pero después juzgamos muy severamente su conducta”.
Señaló que este es un caso especialmente complejo donde se evalúa si el policía “debió aguantar la agresión sin sacar el arma, y si la sacó y disparó tenía que estar muy seguro de dónde le pegaba al delincuente, porque sino juzgamos como delito la forma en que manejó una situación donde su propia vida estaba en riesgo”.
Desde una postura independiente Mario Coriolano, ex funcionario de Naciones Unidas y actual defensor ante el tribunal de Casación bonaerense, sostuvo que la crisis de inseguridad requiere de una reingeniería institucional y de una definición precisa sobre la policía y su control civil.
Coriolano ya expuso ante los ministros Bullrich y Germán Garavano, de Justicia, experiencias en control civil de las fuerzas de seguridad desarrolladas en Canadá. También sostuvo que una reforma del Código Penal “no es una solución para disminuir el delito, ni los casos de gatillo fácil y torturas”. Y propuso “dejar de lado la mirada policíaco-céntrica”, indicando que “seguridad es prevención, a diferencia de las políticas públicas que actúan con posterioridad a la comisión de un delito”.
Estas discusiones también se extienden al interior del Gobierno. Macri propicia el intercambio de opiniones entre sus ministros: Pero esas libertades en este caso se usan con mucha prudencia, porque es evidente el respaldo del Presidente a la postura de Patricia Bullrich.
Si alguien no lo había advertido, el reportaje de Marcos Peña enPágina 12 terminó de despejar dudas. El jefe de Gabinete sostuvo, entre muchos otros conceptos, que el Estado democrático debía poner el acento en “la protección de derechos y de la vida de la gente”.
Sin embargo el ministro Garavano introdujo una línea de discusión en el tema. Recordó, contra el puro impulso de Bullrich, que ya hay una comisión trabajando en la reforma integral del Código Penal.
Explicó que el Gobierno trata de “equilibrar una doctrina anterior donde los policías y los agentes de seguridad siempre eran culpables”. Pero fue a fondo al indicar que “esto no es una carta libre para cometer abusos o excesos”.
Graciela Fernández Meijide, autoridad mayor en derechos humanos, que no oculta simpatía política por el Gobierno, tomó distancia. Declaró que “no puede ser mano dura en lugar de justicia, y mucho menos en un país donde la pena de muerte está prohibida”.
De la pena de muerte había hablado con su desaprensión habitual Jaime Durán Barba. Sostuvo que “la inmensa mayoría de la gente” respalda esa medida extrema, que repugna la condición humana.
El consultor estrella del Presidente más de una vez anticipó o reveló el pensamiento profundo de Macri. Sería bueno saber si este es uno de esos casos.

jueves, 15 de febrero de 2018

INTERROGANTES Y DEBATES QUE NOS ATRAPAN EN EL PASADO

Por Jorge Lanata
Soy parte de un país que, a 202 años de su independencia, aún se pregunta “qué tipo de país queremos”. Todo, todo el tiempo, está bajo discusión en Argentina: si hay que ir obligatoriamente al trabajo, si dar exámenes es discriminatorio para los que no aprueban, si los buenos y los malos deben ganar lo mismo, si la industria o el campo, la tecnología o la manufactura, etc. ,etc.
A principios del siglo XX este era el país del mañana. Finalmente,hoy ni siquiera somos el país del presente. Nos seguimos preguntando cómo queremos ser. En esa crisis adolescente nos preguntamos también qué hacer con los uniformados, qué hacer con los delincuentes y qué hacer con la justicia. Mientras tanto, claro, la realidad sucede con independencia de nuestros deseos.
Hay que agregar que todas estas discusiones tienen público, un público por cierto bastante snob que opina sobre fútbol sin haber pateado jamás una pelota. Como los críticos y los eunucos, todos opinan qué hacer sin haberlo hecho jamás. Para empezar por el más delicado de los asuntos: las fuerzas armadas. Las posibilidades son dos: disolverlas o tomarlas en serio. Los países que optaron por el primer camino son veinticinco: algunas islas (Barbados, Dominica, Granada, Islandia, Kiribati, islas Marshall, isla Mauricio, Micronesia, Nauru, Palaos, islas Salomón, Samoa, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tuvalu y Vanuatu) y microestados (Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano).
Lo que no se ve en ningún lugar del mundo son fuerzas armadas sin armas, dos aviones desvencijados y submarinos que se hunden. Es una obviedad recordar que, hace cuarenta y dos años, las fuerzas armadas se convirtieron en fuerzas de ocupación que reprimieron a la sociedad civil y tomaron el gobierno en medio de una matanza. Los nietos secuestrados buscados por las Abuelas mantienen hasta hoy vigente esa tragedia. Pero hubo juicio a las juntas, justicia federal y juicios por la verdad y asimilar a las actuales fuerzas armadas a la dictadura es simplemente una estupidez. Una estupidez –quiero decir, enfermedad- bastante difundida en un sector social, el mismo que creyó verosímil que Macri había mandado a secuestrar y matar a Maldonado.
Es cierto: nadie destruyó más a las Fuerzas Armadas que los propios militares que las deshonraron. Pero no sería justo vivir otros cuarenta años pensando en aquellos cuarenta años. La lógica que combatió a las instituciones fue la lógica de las víctimas, que se impuso sobre la ley. Nuestra culpa social frente a los hechos es tanta que obedecemos a las víctimas a rajatabla; les asiste la verdad por decreto: el hermano de Maldonado es un experto perito forense, Hebe Bonafini es una experta constructora de viviendas y fundadora de universidades.
La ley existe para que eso, precisamente, no suceda. Podemos compartir y respetar el dolor de las víctimas, pero no debemos darles la autoridad de dictar políticas sobre sus propios casos. El caso Chocobar volvió a enfrentarnos a esa lógica: el pueblo baja el pulgar y en la arena del circo el esclavo debe morir. El estado existe justamente por ese motivo: pavimenta la selva y le pone semáforos. En esta pesadilla de que los buenos puedan matar a los malos, ¿sabremos siempre quiénes son los buenos? ¿No se consideraron buenos, también, los militares o los terroristas del setenta? Ver a la muerte como una solución, en un país donde la muerte sucedió de sobra, es casi suicida. Chocobar es un pequeño ejemplo de un problema mayor: no vivimos a la Policía como parte de nuestra comunidad, sino como una mafia que puede robarnos o matarnos.
Y lo peor: es parcialmente cierto, con la complicidad de los políticos la Policia mantiene sus negocios en la droga, la prostitución, las zonas liberadas, etc. El trabajo de María Eugenia Vidal es un hito histórico en el área pero claro, faltan y faltarán muchos años para que la Policía se normalice. Entretanto, los despreciamos pero –hipócritas al fin- los llamamos para pedir auxilio.
Lo opuesto a la “justicia dandy” de Zaffaroni no es un paredón, sino la ley. La ley aplicada desde su texto y no desde la parcialidad ideológica del juez. A los dandys nunca los mancha la sangre. Estén en Italia o en su casona de Flores, viendo correr a los efebos por el jardín. No debe existir una postura más elegante que el anarquismo pacífico de Spencer. Pero, como dicen que dijo Sartre en los sesenta cuando le mostraron cómo funcionaban los kibutz: “Lástima que tengan que hacerlo con personas”. A doscientos dos años de nuestra independencia, acá nos ven, discutiendo el canibalismo. Deberíamos avanzar un poco.

miércoles, 14 de febrero de 2018

MALVINAS: UNA VERDAD QUE TARDO 35 AÑOS

Cuando terminó la guerra, el Estado argentino informó de forma contradictoria y confusa sobre el paradero del soldado Ferrau, que había servido en las islas en el Regimiento de Infantería N°12. Pasado un tiempo, por fin confirmó su caída, aunque sin ofrecer ninguna precisión, explicó su hermano Enrique.
José es uno de los 88 soldados que fueron identificados el año pasado en el cementerio argentino de Darwin, donde hay 121 tumbas que permanecían sin identificación. En los próximos meses, esos caídos en la guerra tendrán una placa con su nombre.
Durante diez años su familia vivió en la incertidumbre: ¿dónde, cuándo y en qué circunstancias había caído José Ramón? Hasta que un día, un excombatiente pasó por la ciudad correntina de Mercedes, donde vivían los padres de Ferrau, y les contó que en las islas su hijo había sido tomado prisionero por los ingleses, obligado a realizar trabajos forzados y que, tras prenderse fuego al pisar una mina, un soldado británico lo había ultimado de un tiro en la cabeza¿. José es uno de los 88 soldados que fueron identificados el año pasado en el cementerio argentino de Darwin, donde hay 121 tumbas que permanecían sin identificación. En los próximos meses, esos caídos en la guerra tendrán una placa con su nombre.
Recién en 2017 la Cruz Roja desmintió esa versión cuando verificó que el cuerpo y el uniforme de Ferrau estaban intactos y no presentaban ningún rastro de quemaduras. "Ahora sabemos que cayó en combate en la Batalla de Pradera del Ganso, donde recibió cuatro impactos de bala", precisó su hermano. Con esta novedad, su madre, de 83 años, y su padre, de 90, pudieron ponerle un punto final a una historia que había empezado cuando José Ramón fue enviado a las islas, apenas tres meses antes de recibir la baja del servicio militar.
Hasta entonces, su vida había transcurrido en la zona rural de la ciudad de Mercedes, donde vivía con sus padres y ocho hermanos en una sencilla y antigua casa sin luz ni gas, que habían levantado sus bisabuelos. Allí criaban ovejas, vacas, chanchos y cabras.
Ferrau luego ingresó como ayudante en el taller mecánico de un tío, que le puso su sobrenombre: "Monchito". Más adelante consiguió trabajo como tractorista en un campo de la zona, donde en sus ratos libres disfrutaba de su gran pasión: las carreras cuadreras. Por esa época su patrón le regaló un caballo: "Pato".
Cuando Ferrau cumplió 18 años fue convocado para cumplir el servicio militar en la ciudad de Mercedes. Entonces ensilló a "Pato" y se fue. Tiempo después, la familia Ferrau recibió una comunicación oficial en la que se informaba que José Ramón sería movilizado a la candente frontera con Chile. Aunque finalmente fue derivado a la islas Malvinas, de donde no volvió.

martes, 13 de febrero de 2018

GOBIERNO SIN FUEGO


Por Eduardo van der Kooy
Mauricio Macri, al haber iniciado su tercer año de mandato, puede hacer dos corroborraciones. Sus mejores momentos políticos han coincidido casi siempre con la posibilidad del acuerdo o la confrontación. Las dos elecciones ganadas (2015-2017) representan, en ese sentido, una cima. Sus circunstancias más complejas, en cambio, han sucedido cuando debió cotejar, en soledad, la realidad con su gestión.
En esencia, poco parece haberse modificado en el teatro político. Durante mucho tiempo también para Cristina Fernández su propia administración significó el peor enemigo. A la oposición de ese tiempo le costó una enormidad abandonar el papel de espectador. Pero nada permanece eternamente. Se trata de una verdad que el Presidente no debe soslayar. Porque fue actor central de esa mutación.
El Gobierno parece no haber podido salir del estupor en que lo dejó diciembre. Fue el cierre del año con la batalla por la reforma previsional. Desde entonces la oposición ha estado prácticamente ausente. Quedaron al descubierto las debilidades de Cambiemos con el poder. Aunque signifique a lo mejor un trago difícil de pasar, la reaparición de Hugo Moyano y su protesta del día 21recolocaría al oficialismo en un lugar de mayor comodidad.No sería sólo por obra del líder camionero: también de compañías políticamente envejecidas. Algunas de las cuales disparan el espanto social.
El Gobierno habría incurrido en un cálculo equivocado. Supuso que 2018 se consumiría entre la gestión, el mundial de fútbol y los preparativos, propios y ajenos, para el recambio presidencial. Lanzó el plan que llamó de “reforma permanente”. Pero no consideró con anticipación su vigor para llevarlo adelante. Gastó mucho capital electoral cosechado en octubre en la aprobación de la reforma previsional. Perdió además la pulseada de la comunicación pública. Ofreció un punto de convergencia al arco opositor. Debió postergar y desguazar la reforma laboral. La semana pasada hizo concesiones con el mega DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que apunta a una módica reestructuración en el Estado. Serán, al final, tres proyectos de ley diferentes que tratarán Diputados y el Senado.
Macri está progresando con una experiencia política inédita y cargada todavía de enigmas en la Argentina. Nació en el 2015 como un gobierno de minorías. Recibió un espaldarazo popular en las elecciones de medio término. Pero no amplió su plataforma para encarar la segunda mitad del mandato. Que apunta además a la reelección. Necesitará de una sagacidad extrema para continuar navegando en la gestión y alcanzar sus metas políticas.
El barco de Cambiemos está como hace dos años. El timón indiscutido pertenece al PRO. Continúan los socios radicales y Elisa Carrió. Pero no se ha incorporado nadie. Al contrario, existieron eyecciones de modo individual aunque con sentido amplificado. Son los casos de Alfonso Prat Gay y Carlos Melconián. También, ciertos distanciamientos que trasuntan algo más que eso. El radical Ernesto Sanz no participa más de la mesa política oficial. Pasa la mayor parte del tiempo en su provincia. Otros socios tampoco descorchan champagne. Alfredo Cornejo, el gobernador radical de Mendoza, contiene críticas.
Los antecedentes señalan otra cosa. Carlos Menem sumó a su potente liderazgo en el peronismo la compañía de la UCEDE. Esa combinación le permitió concretar dos de sus objetivos clave: la aplicación de la convertibilidad y la reforma constitucional de 1994, con la venía de Raúl Alfonsín, que abrió las puertas a su reelección. Néstor Kirchner nació anémico como mandatario, con apenas el 22% de los votos. Pero se encargó de recoletar enseguida restos centro-izquierdistas de la Alianza y organizaciones sociales. Luego inventó la transversalidad con núcleos del radicalismo que posibilitaron el empinamiento de Cristina y el sueño de la eternidad. Trunco por la imprevista muerte del ex presidente.
Macri supone que esas recetas estarían perimidas. Formarían parte de la política vieja. Es el pensamiento puro de Jaime Durán Barba. Pero sucede algo: a medida que la gestión se complica el Gobierno desnuda falta de músculo político. La dieta de socios lo perjudica. Y pretende reemplazarla demasiadas veces con la comunicación y la imagen. También es cierto que se trata de una visión que no lo condiciona todo. María Eugenia Vidal posee un laboratorio distinto en Buenos Aires. No sólo por la estructuración de su gobierno. También porqué no le hace asco a las alianzas ni a los conflictos. Urde de nuevo un pacto con el massismo para asegurar el andar de la Legislatura. Encuentra en el gremialista docente Roberto Baradel a su propio Moyano.
Aquel ensimismamiento comunicacional conduce a situaciones insólitas. Días atrás un ministro aguardaba la autorización de la Casa Rosada –es así-- para concurrir a un programa de TV. Nunca se la dieron y, en cambio, lo obligaron a concurrir a otro. Miden cada rating, cada perfil de los periodistas.
Por esa razón, cuando algo bordea el carril suceden desacoples. Pasó y pasa con la cuestión de la seguridad. Macri pretendió enviar una señal inconfundible de un presunto tiempo nuevo cuando recibió como héroe a Luis Chocobar. El policía de la Bonaerense que mató a un ladrón de 18 años –que había apuñalado a un turista--, a raíz de lo cual fue procesado y embargado. Su comportamiento profesional, medido con estándares de Suecia o Canadá, mereció reparos. Desató incluso ciertas discusiones en Cambiemos.
Patricia Bullrich redobló esa apuesta. Expuso sobre una nueva doctrina por la cual las fuerzas de seguridad no serían nunca principales responsables en un enfrentamiento. Habló de enterrar la culpa de la Policía. Marcos Peña, el jefe de Gabinete, enmendó al asegurar que “el respaldo a las fuerzas policiales no equivalen de ninguna manera que no se cumpla con la ley y la normativa”. Durán Barba se echó a volar cuando aseguró que los argentinos desean que se combata en “forma brutal” a la delincuencia. Y que una inmensa mayoría apoya la vigencia de la pena de muerte. Germán Garavano, el ministro de Justicia, debió terciar por duplicado. Recordó que existe una comisión de juristas que analiza una reforma del Código Penal. No habría antes ningún cambio de doctrina posible. También rechazó cualquier aplicación de una pena de muerte.
El maquiavelismo creyó descubrir en esa controversia oficial una cortina de humo intencionada para desplazar de la agenda otras cuestiones ingratas. Una mirada vecina con la realidad exuda la sensación que no existe en el Gobierno una convicción compacta sobre cómo abordar los dilemas que plantea la inseguridad. Aunque hay que reconocer algo. Aún sin compartir sus criterios, Bullrich es una funcionaria que le pone fuego a su gestión. A riesgo de una quemazón. Se vió en el caso de Santiago Maldonado, en el de Rafael Nahuel (mapuche muerto en Villa Mascardi por la Prefectura) y con el propio Chocobar. Aquel fuego no suele abundar en el gabinete de Macri.
Algunas llamas se atizan ahora por el desafío de Moyano. Sacan número en Cambiemos para cuestionar al camionero. Desde Macri hasta Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda. Con escalas en Peña y Carrió. Tanto revuelo deja en evidencia otra cosa: el único ausente en la pelea es, justamente, Jorge Triaca. Se trata de un pleito gremial, no cultural. El Gobierno sigue enredado, en ese campo, con su propio ovillo. Macri sostuvo en su cargo al ministro de Trabajo después del conflicto público con su ex empleada doméstica. Pero lo mantiene oculto. Como compensación a la prédica sobre la transparencia dictó un decreto que prohibe la permanencia en el poder de familiares de funcionarios. Se computaron al comienzo cerca de 40. No renunciaron hasta ahora más de 12. Hay interpretaciones sobre la letra chica de la decisión que acotarían el efecto.
En ese contexto la irrupción de Moyano podría ser provindencial. El gremialista posee, como sus colegas, una pésima valoración social. Tiene causas abiertas, incluida la del club Independiente, por manejos espurios y millonarios de fondos. Su figura, junto a la de otros dirigentes del sector y de políticos, produciría un efecto que al Gobierno le cuesta provocar. Que los desencantados por distintos motivos regresen, siquiera rezongando, al redil del macrismo.
Ese representaría el costado útil del problema. Habría que detenerse en la faceta perjudicial. La ofensiva de Moyano ha detonado una fractura en el cuerpo sindical. Los viejos gordos, los independientes (UOCRA y UPCN), ferroviarios y transportistas no adherirán a la protesta. Tampoco los porteros de Víctor Santa María, que oficia de anfitrión para la unidad peronista, incluidos los K. Buena noticia para el miércoles 21. Pero enrevesada para más adelante. La división plantea un incordio para negociar la reforma laboral. No sólo para los sindicalistas: el acompañamiento kirchnerista hará sentir su influencia en el Congreso. Habrá un espacio mayor para la radicalización de las posturas. Como desea Cristina.
En el medio están, por otra parte, las discusiones paritarias. La meta del 15% con que soñó el Gobierno se evapora. Las estimaciones para el 2018 se arriman al 20% de inflación. Macri y sus ministros saben que deberán facilitar la clásula gatillo a los gremios para que no pululen los pleitos.
Esa concesión resultaría entendible. Pero en este año crucial para su vida, el Gobierno debería tener a mano más recursos que el permanente tanteo. La política y el fuego, sobre todo.
Copyright Clarín 2018.

lunes, 12 de febrero de 2018

OPERACION SILENCIOSA SOBRE LA JUSTICIA


Por Julio Blanck
El Gobierno está enfocado en su ofensiva contra la corrupción sindical, con Hugo Moyano en el centro de su campo de tiro. Mauricio Macri está convencido que ganará esta pelea, apoyado en el escrutinio de la opinión pública. En orden a esa prioridad, otro frente de pretendida reforma y transparencia se despliega en un perfil bajo, pero sin perder intensidad: es la operación sobre la Justicia.
La Casa Rosada considera la destitución de Eduardo Freiler de la Cámara Federal, en noviembre pasado, como el mayor éxito de lo que llaman “la batalla de Comodoro Py”. Ahora van por más. Pretenden enviar una señal fuerte y definitiva, avanzar con la limpieza y buscar una Justicia independiente y de mayor calidad. El propósito suena irreprochable. Pero la naturaleza de la política y de las personas, y la multitud tóxica de intereses en juego, obligan a una posición cautelosa: habrá que ver para creer.
En despachos cercanos al de Macri sostienen que Freiler, por su influencia personal y su posición estratégica en la Cámara Federal, era pieza clave de un mecanismo que se movía entre la extorsión y el encubrimiento y que podía tomar como víctimas o como beneficiarios, siempre a un elevado costo, desde funcionarios a empresarios, desde políticos a otros miembros del Poder Judicial.
La renuncia del juez Norberto Oyarbide había sido un hecho emblemático del nuevo tiempo. El alejamiento de la procuradora Alejandra Gils Carbó marcó el avance sobre las posiciones que los ultra K conservaban para su operación en la Justicia. Y el despido de Freiler fue visto como un mensaje directo a la familia judicial.
Para consolidar esa movida, el Gobierno apunta ahora a nombrar en la Cámara Federal a Mariano Llorens, actual secretario de un tribunal oral, que entró a los Tribunales a los 18 años para trabajar como meritorio y recorrió hasta aquí, a sus 50 años, todos los escalones de la carrera judicial. Tiene cero experiencia en el fuero federal, donde se juegan las grandes ligas de la política. Pero lo ayudan sus antecedentes, su trayectoria y también su buen vínculo con Santiago Otamendi, el viceministro de Justicia.
Macri firmó su pliego, que ya fue enviado al Senado donde sería tratado el mes próximo. Lo hizo después de recibir desde la opinión favorable del ministro Germán Garavano, hasta las de sus muy cercanos José Torello, jefe de asesores presidenciales, y Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y emisario o gestor oficioso en asuntos judiciales.
Si todo marcha según lo previsto, Llorens sería el primer magistrado que Macri nombra en el fuero federal. El Gobierno está convencido que la Cámara que preside Martín Irurzun habrá ganado así en independencia y calidad profesional.Cumplidoeste paso avanzará en la reconfiguración de los juzgados federales de Comodoro Py. La operación quedará una vez más en manos del Ministerio de Justicia. Pero pesará también la opinión de Torello, amigo personal del Presidente con quien tiene trato cotidiano.
Torello asegura que salvo María Servini, a quien trata desde hace años como jueza electoral cuando él era apoderado del PRO, no tiene relación ni conocimiento con ningún otro juez. Sin embargo, reúne información y opina sobre todos.
No más de tres o cuatro jueces federales tiene consideración positiva en la Casa Rosada. En una lista imprecisa estarían Julián Ercolini, Sergio Torres y Marcelo Martínez de Giorgi. Y en Comodoro Py hoy son once esos magistrados. ¿Significa que el Gobierno apunta a remover a la mayoría? No es tan así, al menos no tan drástico.
En la lista de los menos favorecidos por la opinión oficial están Rodolfo Canicoba Corral, Daniel Rafecas, Ariel Lijo. Algunos jueces podrían jubilarse, otros cambiarían de funciones y con los demás se mantendrá una convivencia poblada de sospechas mutuas.
Detalle a tener en cuenta: muchos de esos mismos jueces serán quienes lleven los expedientes abiertos o por abrirse a funcionarios del gobierno de Macri. Seguramente se ocuparán de que la ley sea igual para todos.
En tanto, tras la renuncia de Gils Carbó se frenó el impulso para modificar la ley de Ministerio Público. Se buscará con más tiempo el consenso político para encontrar un candidato capaz de reunir dos tercios de los votos del Senado. Por ahora sin plazos, el jefe de los fiscales seguirá siendo Eduardo Casal, actual procurador general interino.
Sucede esto mientras avanzan los acuerdos hacia la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Representantes de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Congreso y el Gobierno, trabajan en este tema. El nuevoCódigo da más relevancia a los fiscales poniéndolos a cargo de la investigación. Algunos de sus puntos salientes son la agilización de detenciones para los acusados de lavado de dinero y corrupción y la reapertura de causas cerradas en forma fraudulenta.
Entre tanto esfuerzo por lucir buenas intenciones, hizo ruido la decisión del Gobierno de desistir de la acusación contra los ex fiscales del caso AMIA, José Barbaccia y Eamon Mullen, en la causa por encubrimiento en la investigación original del atentado a la mutual judía. Fue exactamente lo contrario de lo que proyectaba hacer la Unidad Especial AMIA, que conduce el ex senador radical Mario Cimadevilla.
El argumento central para cambiar esa postura fue que los ex fiscales habían sido los primeros, allá por 1994, en investigar y sostener la hipótesis de la pista iraní y la responsabilidad de Hezbollah en el atentado a la AMIA. Y que habían promovido desde el principio las alertas rojas de Interpol contra los iraníes acusados. Igual, el derrumbe de aquella causa llevada por el juez Juan José Galeano los terminó arrastrando.
El año pasado, en su primera reunión con Macri, el titular de la AMIA, Agustín Zbar, abogó francamente en favor de Mullen y Barbaccia. Si creyó abrir un tema novedoso se llevó una sorpresa: Macri ya conocía el asunto y le dijo que esa era su misma posición.
Semanas atrás Garavano le advirtió al Presidente que los abogados de la Unidad especial AMIA estaban por ratificar la acusación a los ex fiscales y le aseguró que no había sustancia probatoria contra Mullen y Barbaccia.
En el Gobierno aseguran que Macri tomó “una decisión de Estado”. Aunque fuentes de la Presidencia aseguraron a Clarín que no mediaron pedidos de Estados Unidos o Israel, que a través de sus diplomáticos y sus servicios de inteligencia siempre estuvieron presentes en el caso AMIA.
Las entidades de la comunidad judía salieron velozmente a respaldar la decisión de no acusar a los ex fiscales. También lo hizo Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción, quien durante años trabajó desde el Congreso sobre el caso AMIA.
Pero en términos políticos lo más sugestivo fue el apoyo, con el mismo argumento de defender a quienes impulsaron la pista iraní, que provino del influyente sector radical que lidera Enrique Nosiglia.
Para demostrar que el radicalismo no abandonaba a Cimadevilla, en las oficinas de Nosiglia apoyaron el pedido de su correligionario para concretar el juicio en ausencia a los iraníes. Pero la situación del jefe de la Unidad Especial AMIA es más que incierta. Dentro del Gobierno se lo critica casi con ferocidad. Le cuestionan asuntos de gestión, como compras y contrataciones de personal. Y también no haber despolitizado su área, dominada por sectores de la comunidad judía vinculados al sistema judicial del kirchnerismo.
El episodio hizo estallar otra interna en Cambiemos, porque Elisa Carrió salió en defensa de la abogada Mariana Stilman, que trabajaba con Cimadevilla y renunció cuando Garavano revirtió la intención de acusar a los ex fiscales.
“No formamos parte del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno”, señaló Lilita a través de un comunicado distribuido y firmado por la Coalición Cívica. Acusó a Garavano de favorecer a los ex fiscales por sus “vínculos de amistad” con funcionarios de Justicia.
Carrió siempre identificó al ministro como pieza del engranaje de Angelici en la Justicia, cuestión que Garavano desmiente fervorosamente. Claro que haber desistido de la acusación a los ex fiscales a través de un abogado, José Console, que además forma parte de la directiva de Boca, alimenta las sospechas de Lilita que para sospechar es rápida.
Dicen que el ministro le advirtió al Presidente que Carrió podía sacudir la estantería cuando las cosas tomaran estado público. Macri decidió avanzar igual. Desde Guatemala, Garavano envió por escrito las instrucciones a los abogados designados y esperó la constancia de que el mensaje había sido recibido antes de subirse al avión que lo trajo de regreso.
Seguramente, esta historia continuará.