Por Julio Blanck
El Gobierno está enfocado en su ofensiva contra la corrupción sindical, con Hugo Moyano en el centro de su campo de tiro. Mauricio Macri está convencido que ganará esta pelea, apoyado en el escrutinio de la opinión pública. En orden a esa prioridad, otro frente de pretendida reforma y transparencia se despliega en un perfil bajo, pero sin perder intensidad: es la operación sobre la Justicia.
La Casa Rosada considera la destitución de Eduardo Freiler de la Cámara Federal, en noviembre pasado, como el mayor éxito de lo que llaman “la batalla de Comodoro Py”. Ahora van por más. Pretenden enviar una señal fuerte y definitiva, avanzar con la limpieza y buscar una Justicia independiente y de mayor calidad. El propósito suena irreprochable. Pero la naturaleza de la política y de las personas, y la multitud tóxica de intereses en juego, obligan a una posición cautelosa: habrá que ver para creer.
En despachos cercanos al de Macri sostienen que Freiler, por su influencia personal y su posición estratégica en la Cámara Federal, era pieza clave de un mecanismo que se movía entre la extorsión y el encubrimiento y que podía tomar como víctimas o como beneficiarios, siempre a un elevado costo, desde funcionarios a empresarios, desde políticos a otros miembros del Poder Judicial.
La renuncia del juez Norberto Oyarbide había sido un hecho emblemático del nuevo tiempo. El alejamiento de la procuradora Alejandra Gils Carbó marcó el avance sobre las posiciones que los ultra K conservaban para su operación en la Justicia. Y el despido de Freiler fue visto como un mensaje directo a la familia judicial.
Para consolidar esa movida, el Gobierno apunta ahora a nombrar en la Cámara Federal a Mariano Llorens, actual secretario de un tribunal oral, que entró a los Tribunales a los 18 años para trabajar como meritorio y recorrió hasta aquí, a sus 50 años, todos los escalones de la carrera judicial. Tiene cero experiencia en el fuero federal, donde se juegan las grandes ligas de la política. Pero lo ayudan sus antecedentes, su trayectoria y también su buen vínculo con Santiago Otamendi, el viceministro de Justicia.
Macri firmó su pliego, que ya fue enviado al Senado donde sería tratado el mes próximo. Lo hizo después de recibir desde la opinión favorable del ministro Germán Garavano, hasta las de sus muy cercanos José Torello, jefe de asesores presidenciales, y Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y emisario o gestor oficioso en asuntos judiciales.
Si todo marcha según lo previsto, Llorens sería el primer magistrado que Macri nombra en el fuero federal. El Gobierno está convencido que la Cámara que preside Martín Irurzun habrá ganado así en independencia y calidad profesional.Cumplidoeste paso avanzará en la reconfiguración de los juzgados federales de Comodoro Py. La operación quedará una vez más en manos del Ministerio de Justicia. Pero pesará también la opinión de Torello, amigo personal del Presidente con quien tiene trato cotidiano.
Torello asegura que salvo María Servini, a quien trata desde hace años como jueza electoral cuando él era apoderado del PRO, no tiene relación ni conocimiento con ningún otro juez. Sin embargo, reúne información y opina sobre todos.
No más de tres o cuatro jueces federales tiene consideración positiva en la Casa Rosada. En una lista imprecisa estarían Julián Ercolini, Sergio Torres y Marcelo Martínez de Giorgi. Y en Comodoro Py hoy son once esos magistrados. ¿Significa que el Gobierno apunta a remover a la mayoría? No es tan así, al menos no tan drástico.
En la lista de los menos favorecidos por la opinión oficial están Rodolfo Canicoba Corral, Daniel Rafecas, Ariel Lijo. Algunos jueces podrían jubilarse, otros cambiarían de funciones y con los demás se mantendrá una convivencia poblada de sospechas mutuas.
Detalle a tener en cuenta: muchos de esos mismos jueces serán quienes lleven los expedientes abiertos o por abrirse a funcionarios del gobierno de Macri. Seguramente se ocuparán de que la ley sea igual para todos.
En tanto, tras la renuncia de Gils Carbó se frenó el impulso para modificar la ley de Ministerio Público. Se buscará con más tiempo el consenso político para encontrar un candidato capaz de reunir dos tercios de los votos del Senado. Por ahora sin plazos, el jefe de los fiscales seguirá siendo Eduardo Casal, actual procurador general interino.
Sucede esto mientras avanzan los acuerdos hacia la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Representantes de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Congreso y el Gobierno, trabajan en este tema. El nuevoCódigo da más relevancia a los fiscales poniéndolos a cargo de la investigación. Algunos de sus puntos salientes son la agilización de detenciones para los acusados de lavado de dinero y corrupción y la reapertura de causas cerradas en forma fraudulenta.
Entre tanto esfuerzo por lucir buenas intenciones, hizo ruido la decisión del Gobierno de desistir de la acusación contra los ex fiscales del caso AMIA, José Barbaccia y Eamon Mullen, en la causa por encubrimiento en la investigación original del atentado a la mutual judía. Fue exactamente lo contrario de lo que proyectaba hacer la Unidad Especial AMIA, que conduce el ex senador radical Mario Cimadevilla.
El argumento central para cambiar esa postura fue que los ex fiscales habían sido los primeros, allá por 1994, en investigar y sostener la hipótesis de la pista iraní y la responsabilidad de Hezbollah en el atentado a la AMIA. Y que habían promovido desde el principio las alertas rojas de Interpol contra los iraníes acusados. Igual, el derrumbe de aquella causa llevada por el juez Juan José Galeano los terminó arrastrando.
El año pasado, en su primera reunión con Macri, el titular de la AMIA, Agustín Zbar, abogó francamente en favor de Mullen y Barbaccia. Si creyó abrir un tema novedoso se llevó una sorpresa: Macri ya conocía el asunto y le dijo que esa era su misma posición.
Semanas atrás Garavano le advirtió al Presidente que los abogados de la Unidad especial AMIA estaban por ratificar la acusación a los ex fiscales y le aseguró que no había sustancia probatoria contra Mullen y Barbaccia.
En el Gobierno aseguran que Macri tomó “una decisión de Estado”. Aunque fuentes de la Presidencia aseguraron a Clarín que no mediaron pedidos de Estados Unidos o Israel, que a través de sus diplomáticos y sus servicios de inteligencia siempre estuvieron presentes en el caso AMIA.
Las entidades de la comunidad judía salieron velozmente a respaldar la decisión de no acusar a los ex fiscales. También lo hizo Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción, quien durante años trabajó desde el Congreso sobre el caso AMIA.
Pero en términos políticos lo más sugestivo fue el apoyo, con el mismo argumento de defender a quienes impulsaron la pista iraní, que provino del influyente sector radical que lidera Enrique Nosiglia.
Para demostrar que el radicalismo no abandonaba a Cimadevilla, en las oficinas de Nosiglia apoyaron el pedido de su correligionario para concretar el juicio en ausencia a los iraníes. Pero la situación del jefe de la Unidad Especial AMIA es más que incierta. Dentro del Gobierno se lo critica casi con ferocidad. Le cuestionan asuntos de gestión, como compras y contrataciones de personal. Y también no haber despolitizado su área, dominada por sectores de la comunidad judía vinculados al sistema judicial del kirchnerismo.
El episodio hizo estallar otra interna en Cambiemos, porque Elisa Carrió salió en defensa de la abogada Mariana Stilman, que trabajaba con Cimadevilla y renunció cuando Garavano revirtió la intención de acusar a los ex fiscales.
“No formamos parte del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno”, señaló Lilita a través de un comunicado distribuido y firmado por la Coalición Cívica. Acusó a Garavano de favorecer a los ex fiscales por sus “vínculos de amistad” con funcionarios de Justicia.
Carrió siempre identificó al ministro como pieza del engranaje de Angelici en la Justicia, cuestión que Garavano desmiente fervorosamente. Claro que haber desistido de la acusación a los ex fiscales a través de un abogado, José Console, que además forma parte de la directiva de Boca, alimenta las sospechas de Lilita que para sospechar es rápida.
Dicen que el ministro le advirtió al Presidente que Carrió podía sacudir la estantería cuando las cosas tomaran estado público. Macri decidió avanzar igual. Desde Guatemala, Garavano envió por escrito las instrucciones a los abogados designados y esperó la constancia de que el mensaje había sido recibido antes de subirse al avión que lo trajo de regreso.
Seguramente, esta historia continuará.
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